Ley Mordaza ¿De quienes es el deseo de que Perú se integre a “los bolivarianos”?

Dec 22, 2011 by

Por: José “Phepe” Giraldo Abarca.

Una polémica y controversial iniciativa legislativa aprobada por el Congreso del Perú el 15 de Diciembre del 2011, denominada “Ley mordaza”, sanciona: “El que indebidamente interfiere, escucha o difunde una comunicación privada, independientemente del medio a través del cual haya tenido lugar, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años”. Esta iniciativa que modifica el artículo 162 del Código Penal, que quedó expedita para su promulgación por el poder ejecutivo, exceptúa de responsabilidad la difusión de comunicaciones “que tuviesen contenido delictivo perseguible por acción penal pública o que contravengan el ordenamiento legal vigente”. Si el jefe de Estado no observa la ley en 15 días, el Congreso de la República será el encargado de aprobarla. Hasta mientras, mas son las “reacciones fundamentadas” en contra que a favor de la iniciativa que fue impulsada por el legislador del partido PPC, el congresista Javier Bedoya de Vivanco. Como se recuerda la lideresa del PPC, la Sra., Lourdes Flores fue víctima de un “chuponeo telefónico” conocido como el “potoaudio” que permitió conocer públicamente su opinión respecto a la labor municipal a la que aspiraba representar. Esta iniciativa legislativa más parecería responder a una “vendetta política” ya que el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, por extraña coincidencia, el legislador Alberto Beingolea, también pertenece al PPC. A estas “entendibles reacciones” también se sumarian las del presidente del Congreso, Daniel Abugattâs Majluf, el Premio Nobel de la Paz, Mario Vargas Llosa y la “reivindicada” lideresa del PPC, la Sra., Lourdes Flores Nano. En oposición a esta iniciativa, el Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys) emitió un comunicado en el que exhorta al presidente Ollanta Humala que observe la llamada “Ley Mordaza”. Roberto Pereira, asesor legal del Ipys, comentó, que tal como está redactado, el proyecto afecta la libertad de prensa e información, porque habrán muchos casos que no tengan una naturaleza delictiva, que son los únicos que la ley exonera, pero que si puedan recaer en interés público, que no se podrían difundir. “Es una iniciativa impracticable y contradictoria que limita claramente la libertad de informar”. “Eso (determinar un delito perseguible) es tarea de la justicia, no de la prensa”. Si existe información de interés público, así haya sido obtenida ilegalmente, debe ser puesta en conocimiento de la opinión pública, independientemente de que se investigue y sancione a quien la interceptó indebidamente”, agrega el documento.

En declaraciones para Canal N de Lima/Perú, el ex presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales (TGC), Víctor García Toma, sostuvo que dicha norma “violenta la Convención Interamericana de Derechos Humanos a la que el Perú está vinculado”. “Nuestra Constitución dice que las interpretaciones de la Corte son vinculantes y la Corte ha dicho que no hay control previo”. Citó como ejemplo, el caso del abogado Alberto Quimper (procesado por los llamados “petroaudios”) en el cual se aplicaría el mismo principio.”En consecuencia, esa ley viola la Convención y de buena manera contradice al supremo intérprete de la Constitución”, es decir, al Tribunal de Garantías Constitucionales del Perú. Agregando además, que la polémica iniciativa tiene defectos de elaboración y ¿redacción?, ya que no se consultó a especialistas durante su proceso de creación. ¿Quiénes han sido los consultados para elaborar esta ley? El Ministerio Público y el Ministerio de Transportes, parecen correcto; pero no se ha consultado al Colegio de Periodistas, al Consejo de Prensa Peruana, a la Defensoría del Pueblo, a periodistas o ex periodistas que tengan alguna experiencia; cuestionó. No está demás precisar, que sobre libertad de opinión y expresión en más de una oportunidad he vertido opinión, prueba de ello son, entre otros, los artículos de opinión “Lectura sin censura” de fecha 26/08/10 y Wikileaks: Entre el bien y el mal” de fecha 20/12/10. Por considerarlo de interés, reproduzco parcialmente del primero de los nombrados: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión,” Articulo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1,948. En Norteamérica, el derecho de prensa está garantizado por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. “La libertad de expresión en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”.

Siendo definida la libertad de expresión como un medio para la libre difusión de las ideas, podemos inferir, que es esencial además para el descubrimiento de la verdad. “Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores son incompatibles con la libertad de expresión”. “Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de  información, apuntes y archivos personales y profesionales”. Todo empezó cuando un 17 de Junio de 1.972, Frank Wills, guardia de seguridad del complejo Watergate denunció ante la policía, la presencia de cinco hombres que habían ingresado a la Oficina del Comité Nacional del Partido Demócrata. Todos los detenidos eran miembros de la Operación 40 de la CIA.  Uno de ellos, James W. McCord era Director de seguridad del comité para la reelección de Richard Nixon, además era empleado del FBI y de la CIA, los otros cuatro, eran agentes de la CIA. Este fue un escándalo sin precedentes en la historia política de los EE.UU que fue conocido como “Watergate”, que fue denunciado ante la opinión pública, por iconos del periodismo de investigación vinculados al  Washington Post: Benjamín C. Bradlee, quien era el director, y es además conocido por la divulgación de los llamados “pentagon papers”, Katherine Graham quien se desempeñaba como editor en jefe “Once, power was considered a masculine attribute. In fact, power has no sex”, y los reconocidos Bob Woodward y Carl Bernstein. Esta investigación tuvo un agente informante conocido como “gargantprofunda” y cuya identidad se mantuvo en secreto por 33 años hasta que fue revelada el 31 de Mayo del 2005, se trataba de W. Mark Felt, un antiguo director adjunto del FBI bajo la administración Nixon. Mark Felt siendo agente del FBI trabajó con Bob Woodward en labores de inteligencia. Una Comisión de Investigación del Senado de los EE.UU de Mayo de 1,973,  reveló que Nixon había mentido con el fin de ocultar su participación en el escándalo y que había intentado  sustraer a la investigación las cintas magnetofónicas que contenían las grabaciones de las conversaciones del Despacho Oval. Cuando se inició al proceso conocido como Impeachment, Nixon optó por renunciar, abandonando sus funciones el 09/08/74. Así como este emblemático caso estadounidense, también mencioné los denunciados por el tabloide “Daily Mirror” que mostró en su portada de fecha 01/05/04 a un soldado británico orinando a un prisionero iraquí en las cárceles de Abu Ghraib. “Vil, pero esta vez es un soldado británico degradando a un iraquí”.

El entonces primer ministro Tony Blair las calificó de “inaceptables”. Las imágenes del Mirror se hicieron públicas después que la cadena de televisión CBS (Viernes 30 de Abril 2,004) divulgara fotos de la tortura a prisioneros iraquíes cometidas por militares de los EE.UU. A estos dos hechos, debemos sumar el del caso “Plamegate” denunciado por el Washington Post.  El 14 de Julio del 2003 el periodista Robert D. Novak divulgó la identidad de Valeri Plame, como agente encubierto de la CIA. Joseph Wilson, ex embajador de los EE.UU y esposo de Valerie Plame, denunció este hecho como una represalia de la administración Bush, por haber criticado las razones que justificaron el inicio de la invasión y guerra en Irak. A ellos sumé, el destape protagonizado por la red social Wikileaks, que fue colgar en el Internet, 92,201 documentos “bitácora de la guerra en Afganistán 2,004-2,010” que se presumen, podrían haber sido filtrados por el soldado Bradley Manning (22 años) quien fue arrestado el 26/05/10 en la base militar de Hammer en Irak, por haber sustraído y difundido un video clasificado de un ataque con helicópteros en Badgad, en el 2,007, en el que fallecieron 12 civiles y que fue publicado por Wikileaks en Abril del 2010, además de 150,000 mensajes cifrados del Departamento de Estado. Para quienes somos apasionados de la lectura sin censura, y vertimos opinión sobre los más diversos temas del espectro político, es evidente que la emisión de ideas e informaciones y particularmente las obtenidas por los medios aquí comentados, deben ser sabiamente apreciadas y administradas con criterio de conciencia por las repercusiones que puedan ocasionar. “Por motivos de política y legislación, todo medio de expresión pública, no habla sobre sus fuentes”. Es preciso señalar que el lector en mérito a sus más amplia e irrestricta libertad de pensamiento, puede someter su lectura a un juicio previo de valoración que determinará darle luz verde o roja a la fuente proveedora de información, sea impresa o a través del internet. Demás está decir, que estos principios rectores, solo son  posibles aplicar en países que viven en democracia, porque estos derechos están consagrados en sus Constituciones Políticas.  En Wikileaks: Entre el bien y el mal, comenté: “No pasó mucho tiempo para que un segundo paquete de informaciones constituidos por 251,287 mensajes proveídos por Wikileaks”, detonara y cobrara nuevamente notoriedad y con mayor difusión mediática. Esta vez los protagonistas de la noticia son los comportamientos de los funcionarios públicos de los EE.UU de nivel diplomático, el departamento de estado y otras reparticiones públicas.

La  diferencia estriba en que ahora los medios periodísticos seleccionados por Wiikileaks, son las cinco mejores y confiables plataformas de información en el mundo: The New York Times de los EE.U, The Guardian del Reino Unido, Le Monde de Francia, el Semanario Der Spiegel de Alemania, y la flamante incorporación de El País de España, con quienes ha logrado cobertura mundial”. “Somos la octava potencia mundial y nos tratan como si fuéramos un país de quinta fila” (Lula Da Silva), que si hubo boicot de China a Google ó los negocios mancuerna entre Putin y Berlusconi en el sector del petróleo ó la ley “Romani”, que si Evo Morales padecía de un tumor grave en la nariz, que si Fidel Castro sufrió de una grave hemorragia en el 2006, que si Nícolas Sarkozy tieneun estilo impulsivo y autoritario, que si la política rusa la maneja Vladimir Putin, que si Hugo Chávez y sus aliados constituyen una amenaza para Sudamérica, que si Irán se encuentra bloqueado, los 1001 secretos de tres embajadores, detalles sobre los golpes de estado de Noriega y Zelaya, las manías de Gadafi, el ineludible tema del Pentágono y sus relaciones con Irak y Afganistán, estos y otros temas filtrados por Wikileaks continuaron acaparando titulares en todos los países del mundo y generaron las más diversas respuestas. Dos temas vinculados a Perú también fueron mencionados en este artículo de opinión, uno publicado en el diario El País de España, daba cuenta de un cable diplomático  enviado en Julio del 2006 por el entonces embajador de los EE.UU en Lima, James Curtis Struble quien habría sostenido en un documento de más de cinco folios y de carácter secreto, un perfil psicológico, sin ser psicólogo, del presidente Alan García Pérez, basado en rumores sin confirmar, de personajes “dizque” ligados al entorno personal del mandatario.  La respuesta del mandatario peruano fue calificarla de tan solo “rumores” que no ameritan una respuesta suya ni de su gobierno. “Yo no me siento ni ofendido ni le doy importancia, pero si digo que hay una baja calidad de diplomacia. El otro cable, contenía un tema con muchas mayores implicancias porque involucra al actual Comandante General del Ejército del Perú. El General Paul Da Silva. Y hace especial énfasis en la actuación de las FF.AA en la zona del VRAE, como la “Operación Excelencia 7777” de Setiembre 2008 y las ocurridas en febrero 2006, Octubre 2007 y otras del 2009. Estas notas tienen su origen en unos comentarios vertidos en el 2007 por el ex embajador en Perú, Michael McKinley, ahora destacado en Colombia, quien informó a su país, en base a los testimonios de “un testigo anónimo” (militar de baja graduación detenido en Brasil) sobre los hechos ocurridos en Octubre 2007 que comprometen al General Da Silva y de algunos oficiales que podrían seguir cooperando con los traficantes de drogas.

A raíz de estas denuncias, hoy confirmamos que existe un doble lenguaje, el político oficial (el diplomático) y el otro especulativo y ciertamente real, el de los informantes. Por extraño que parezca la versión confidencial de determinados hechos (calificado de chismes y/o rumores) se acerca más a la verdad que la versión oficial. Somos millones los que hemos accedido a la información, y dicha la verdad, no nos sorprende mucho, quizás si agrega el “confirmado”. Es también momento para reconocer el trabajo periodístico y editorial de quienes fueron receptores de los documentos filtrados. Si hubo acuerdos con el Departamento de Estado para no divulgar noticias que pudieran poner en riesgo la seguridad de los gobiernos o de personas humanas, eso es un tema que está circunscrito a la más absoluta reserva entre quienes participaron y comparten la información, salvo los acuerdos sujetos a la discrecionalidad del editor en jefe. El blindaje editorial y profesional brindado por los antes citados medios periodísticos, es la mejor garantía para los EE.UU, lo que ha permitido tener acceso a la información filtrada en los términos de mayor transparencia posible. Ahora bien, con temas como la globalización, los organismos internacionales de prensa, el internet, las redes sociales, y los casos de Rafael Correa vs “El Universo” y el SIP, en Ecuador, Hugo Chávez vs. GloboVisión y El Nacional, en Venezuela, Cristina Kirchner y el “Clarín”, en Argentina, donde la informacion corre a la velocidad de luz. ¿De quienes es el deseo de que Perú se integre a la lista de “Los bolivarianos” empeñados en regular y sojuzgar a la prensa?

e/mail: pegira14@yahoo.com

 

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